Sin atacar estructura, en mexico

No es suficiente: la estrategia implementada por el gobierno federal, en los Estados Unidos Mexicanos, para combatir a la delincuencia organizada tiene una falla de origen: no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumente el número de víctimas y los casos de corrupción, coincidieron expertos en materia de seguridad, tanto nacionales como extranjeros.
Urgieron a la administración de Felipe Calderón a iniciar el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras y aplicar la Convención de Palermo para atacarlos económica, judicial, política y socialmente.
Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados, ni por la Secretaría de Hacienda (SHCP), ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Así lo publican día tras día, semana tras semana y quincena tras quincena los medio más importantes del país: El zeta de Tijuana, el Mexicano, El reforma, Expedientepúblico, ABC, El Sol de Tijuana, El Universial, La Jornada, Milenio, etc.
“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar estos temas, pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendaría al secretario de Seguridad Pública Federal que en vez de preocuparse por tener más helicópteros se ocupe en alimentar investigaciones para el desmantelamiento patrimonial del hampa”.
Para Buscaglia, el gobierno mexicano no tiene estrategia cuando bastaría implementar la Convención de Palermo adecuadamente.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional rubricó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir de manera más eficaz a los cárteles. Con 147 países firmantes, entre ellos México, la Convención de Palermo consigna 41 artículos en los que establece tipos penales comunes para todas las naciones y esquemas de cooperación, entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua.
Maureen Meyer, asociada para México de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que para la comunidad internacional es momento de repensar la estrategia instrumentada contra el narco y que resulta fallida.
“La lucha se ha centrado en producir detenciones y no en promover e implementar las reformas estructurales necesarias para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México; después de tres años de guerra, la violencia no ha disminuido y las drogas siguen fluyendo”.
México comienza a parecerse a una verdadera zona de guerra. Los titulares en los medios de comunicación recuerdan algunos de los días más brutales de la guerra en Irak. Hablan de ejecuciones, decapitaciones, mensajes crípticos y docenas de personas asesinadas en un solo día. Pero en la guerra contra las drogas que México está librando no es fácil eliminar al enemigo. Están mejor equipados que las fuerzas del gobierno, tienen buenas conexiones y cuando un narcotraficante es muerto o encarcelado, hay siempre otro esperando en línea para tomar su lugar.
El gobierno mexicano ha convertido el combate contra las drogas en su mayor prioridad. Entre el ejército, la policía y agentes federales tienen a varias ciudades virtualmente sitiadas. Pero la sangre sigue corriendo. Narcotraficantes rivales se matan entre si, agentes andan a la caza de los narcos, y los sicarios de estos contraatacan con implacable brutalidad.
Es difícil tener cifras exactas ya que el gobierno no las publica y varían las que manejan diferentes organizaciones noticiosas, pero ha habido, en lo que va del año, más de 1,300 asesinatos relacionados con drogas. Cerca del 70 por ciento de ellos en los estados del norte. Mayo ha sido el mes más mortal en los últimos cinco años con entre 350 y 400 personas asesinadas. Con matanzas ocurriendo casi a diario, la cifra podría cambiar mientras va este artículo a la imprenta.
A pesar del aumento de masacres, el gobierno mexicano le da un giro positivo a la cruel estadística. El incremento de la violencia significa que ellos están desesperados, según el titular de la oficina de la Procuraduría General. Eduardo Medina-Mora dice que asesinatos sin estrategia son una señal de grietas en la estructura del crimen organizado. Pero algunos agentes federales se quejan de que no dan a basto y que las pandillas criminales a menudo están mejor preparadas y con armas de mayor calibre que ellos.
Los carteles mexicanos de la droga no amasaron tal poder y organización de la noche a la mañana. Esto es el resultado de décadas de negligencia de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes mexicanas y del débil sistema judicial que les permite literalmente salirse con la suya. El gobierno ha tenido que reconocer que el crimen organizado se ha infiltrado tanto en las agencias policíacas como en las instituciones del gobierno. Ex oficiales y agentes federales se han convertido en sicarios de los carteles. Políticos locales y estatales han sido comprados para hacerse los de la vista gorda mientras hacen de las suyas.
En un reciente editorial el periódico mexicano El Universal instó a la acción no sólo contra los narcos y sus secuaces, sino también contra las redes financieras a cargo del lavado de dinero para los carteles así como los círculos de corrupción que han sido creados para proteger a las organizaciones criminales.
El influyente periódico también atribuye parte de la culpa al gobierno de Estados Unidos. “El 90 por ciento de las armas que llegan a los narcotraficantes mexicanos procede de Estados Unidos y entra por Nogales, El Paso y Yuma, pero son invisibles para unas autoridades estadounidenses muy ocupadas en perseguir indocumentados. No hay otra forma de derrotar al crimen organizado,” anota el periódico.
El diario también critica la falta de acción en la llamada “Iniciativa de Mérida,” una propuesta de la administración Bush muy semejante al “Plan Colombia,” que consiste en proporcionar $500 millones en ayuda militar, entrenamiento y equipos para la guerra de México contra las drogas. El congreso recientemente recortó la cifra a $350 millones. “México ha puesto 20 veces esa cantidad y todos los muertos,” dijo El Universal.
Estados Unidos ha gastado $16.7 mil millones en su propia guerra contra las drogas desde el año 2001 y la administración Bush alega haber reducido exitosamente el consumo de drogas entre la juventud durante ese tiempo en un 23 por ciento. Pero Estados Unidos es todavía el principal consumidor de drogas en el mundo y los países productores de drogas han pedido que asuma la responsabilidad que le corresponde para combatir el problema.
[SIZE=4]Aunque es un buen argumento, en realidad unos pocos millones dólares de Estados Unidos serán apenas un paño de agua tibia para solucionar el profundo problema de la guerra en México contra los poderosos carteles de las drogas hasta que los mexicanos den pasos más firmes para retomar las instituciones que poco a poco le han ido entregando a los narcos durante las ultimas dos décadas.[/SIZE]