¡Hola Esperancita!
La guerra y la paz son negocios manipulados por los imperios y la sociedades burguesas a gran y mediana escala.
Ahora bien, la guerra de baja intensidad, como la denominan los sabiondos, en Colombia en un conflicto clasista y de tenencia de las tierras.
En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, además un determinante clave en la productividad de la economía rural.
En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de tierras productivas, la tendencia a la reconcentración de las tierras y el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de la tierra para pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la frontera agrícola hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales.
En un país históricamente agrario como Colombia podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y bélicos del siglo 20 y lo que va del siglo 21 están enmarcados en el terreno de lo agrario.
No sobra mencionar la Masacre de las Bananeras, los pequeños conflictos generados por la bonanza cafetera, el problema desatado por la bonanza marimbera y la actual crisis generada por el negocio de la coca, sin mencionar los numerosos conflictos generados ante la intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para explotar nuestra gran riqueza natural.
A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que la élite pretende defender su poder político y económico poniendo en riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos.
Ante esta grave crisis se ha hecho necesaria una reforma agraria que no sólo solucione el problema de la repartición de la tierra sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. En la actualidad, la política de tierras en Colombia ha servido más para generar un gran conflicto administrativo y de tipo fiscal al estado y no para solucionar los problemas de los campesinos.
En materia constitucional, la carta política actual en tres de sus artículos habla de condiciones de vida digna para los campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción agrícola, todo esto enmarcado en el derecho que tenemos todos los colombianos a la igualdad.
Estatuto de Desarrollo Rural y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
El gobierno colombiano, haciendo caso a las recomendaciones del Banco Mundial, ha creado el Estatuto de Desarrollo Rural, que a grandes rasgos tiene tres grandes objetivos:
1. El Estatuto de Desarrollo Rural compila todas las normas sobre reforma agraria. Se compilan 14 leyes, 5 decretos leyes y 27 decretos que están vigentes, de las cuales la mayoría dejan en situación de vulnerabilidad a la población rural, puesto que no les ofrece garantías ni soluciones al problema de la pobreza en el campo.
2. Viabilizar el subsidio para proyectos agrarios, en los cuales habrá un proceso de convocatorias públicas abiertas, con el fin de otorgar el subsidio a los proyectos más rentables. Esto nos indica que los campesinos pobres y sin tierra no tienen la menor posibilidad de acceder a un crédito para trabajar la tierra, quedando sin posibilidades de comercializar productos y menos de garantizar su seguridad alimentaria.
3. Modernizar y reformar el Incoder para que funcione de manera más transparente, eficiente, equitativa y progresiva. A través de la historia de esta institución se ha demostrado que no ofrece una clara posibilidad de repartir la tierra equitativamente a los campesinos, por lo tanto su funcionamiento gira en torno a la lógica de que la tierra no es para quien la trabaja sino para el latifundista que la acumula de manera exagerada.
Lo referido al sector agropecuario en el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TLC), en su capítulo de acceso a mercados, establece la liberación completa de las importaciones agropecuarias hacia Colombia en el curso de pocos años. Esto limitará en materia grave la capacidad de Colombia para alimentar a sus habitantes con su producción agraria y generará mayor miseria en el campo, con sus secuelas de inestabilidad social, violencia y cultivos de uso ilícito.
En Colombia el TLC ofrece un panorama de futura miseria para los campesinos. En relación con los subsidios en nuestro país, los campesinos no tienen tierra, y sí pocas posibilidades de obtener un crédito. En estas condiciones es difícil y casi imposible entrar a competir con agricultores de un país como Estados Unidos, donde reciben casi el 70% de subsidio para su producción agrícola, además de los privilegios que tienen en el sistema financiero. De igual manera, las cosas en Colombia respecto a la apertura económica siempre se han hecho al contrario, en esta ocasión aprobando el TLC antes de aprobar un sistema de amortiguación a los efectos del TLC, como se hace ahora con el “Proyecto Agro Ingreso Seguro”.
Conflicto social y armado, movimiento campesino y la reforma agraria
Nuestro país ha sufrido varios periodos de violencia, en los siglos 19 y 20. La mayoría se han dado por el problema de la tenencia de la tierra. Desde la mitad del siglo 20, los campesinos han sufrido de una aguda pobreza y violencia estatal. Todos estos factores han conducido a que en muchas ocasiones los campesinos tomen las armas en defensa de sus vidas, bienestar social y económico.
La tendencia hacia la concentración de la propiedad territorial, apoyada en la violencia estatal y terrateniente, ha ampliado sus límites al control de los territorios estratégicos pretendiendo así control de la tierra, de las aguas y otros recursos, como los mineros y áreas para futuros desarrollos viales y energéticos como megaproyectos.
La expansión del conflicto se ha profundizado en torno al control de territorios estratégicos por parte de grupos paramilitares, y esto ha generado el desplazamiento de comunidades enteras. A esto se le suma la práctica de liquidar organizaciones campesinas y a los opositores políticos, utilizando esto como mecanismo de hegemonizacion política y control estatal. La agudización de las confrontaciones bélicas en Colombia ha generado una fuerte reacción de los movimientos sociales que exigen la solución negociada al conflicto para llegar a una paz sostenible con justicia social.
Es urgente contar con una propuesta de paz de largo alcance concebida en términos de una política de estado que trascienda los límites de una administración.
Para los campesinos hablar de reforma agraria significa terminar con una estructura que a través de la historia ha subordinado sus vidas, cultura e intereses, para decidir por primera vez en la historia de Colombia como sujetos sobre su destino como comunidades campesinas.
En la actualidad conocemos el ejemplo de varias asociaciones campesinas como la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, la Comunidad de Retorno al Cacarica, la Asociación Campesina del Catatumbo, la Asociación Campesina del Valle del Río Güéjar, la Asociación Campesina de Arauca y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre otras.
Los campesinos buscan un modelo de desarrollo que considere la economía campesina como elemento central, sin negar la utilidad y necesidad de la agroindustria y de formas de explotación a gran escala. La propuesta parte de la base de que un campesino es un productor mucho más eficiente que el gran terrateniente.
La producción campesina tiene varias ventajas frente a la producción a gran escala, puesto que pueden proveer todo el tiempo productos frescos y baratos, garantizando un abastecimiento continuo cerca de los mercados.
El productor campesino sufre de dos grandes limitaciones: la falta de capital y la falta de tierra, lo que le impide aumentar la productividad, que sumado a su lógica de producción de subsistencia y pequeños excedentes, lleva a pensar que es ineficaz y no responde a los incentivos del mercado .
Pero todo esto se puede superar con la asistencia apropiada y con la formación de cooperativas para la obtención de servicios y con el fin de reducir los costos. Los campesinos no quieren la prescripción del estado actual porque significa la agudización de la pobreza.
En la actualidad los campesinos sufren sobre todas las brutalidades de la guerra y una contrarreforma agraria sin precedentes. El Plan Colombia facilita los recursos y hasta cierto punto el marco legal de esta reforma, impulsando con capital extranjero proyectos intensivos en capital a favor de los hacendados que nada tienen que ver con el modelo de desarrollo alternativo propuesto.
Por ello los campesinos luchan en primera instancia por la solución negociada del conflicto que termine con esta contrarreforma violenta. En el ámbito legal luchan contra expropiaciones violentas que hacen especuladores y transnacionales. Los campesinos proponen la aplicación de la expropiación por vía administrativa de las fincas necesarias para la reforma agraria y la extinción de dominio sobre aquellas tierras actas para agricultura que estén siendo desperdiciadas.
Las ZRC son un pequeño paso hacia la superación de la restricción del comercio y la concentración de la tierra. Por eso los campesinos exigen el establecimiento de cientos de ZRC donde se adelanten medidas de reforma agraria.
Las exigencias más claras de las organizaciones campesinas son: redistribuir el latifundio, cerrar la frontera agrícola, dar un uso técnico al suelo, reubicar a los colonos asentados en áreas frágiles, acabar con los cultivos de uso ilícito, incentivar y proteger la economía campesina y agropecuaria de acuerdo con los intereses de la nación, lograr una producción limpia de químicos e incrementar la organización social y empresarial de las comunidades para una verdadera participación, exigiendo junto a ello la salida política al conflicto y el respeto a todos sus derechos constitucionales.
Como se puede ver el panorama agrario en Colombia es sombrío y sin voluntad política para solucionarlo, todo esto conllevará inexorablemente a más violencia y
solo habrá paz en los sepulcros y eso quien sabe, ya que hasta allá llega la violencia estatal, clasista y paramilitar.
Hay que tomar conciencia:
"La paz no se implora, se conquista"
Y como decía nuestro gran Jorge Eliécer Gaitán: " Contra esa oligarquía rabiosa y miserable:
"A LA CARGA".
Sigifredo Silva
