En todo el país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas y/o sus paramilitares de manera sistemática y generalizada. Esta grave violación se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la puesta en práctica de la llamada política de seguridad democrática y a partir de la instrumentación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como bajas en combate para cobrar las recompensas económicas y recibir los reconocimientos y ascensos que el propio comandante general de las fuerzas militares ofrece de manera reiterada.
Estas prácticas aberrantes se presentan como resultados de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia y son claramente violatorias del derecho penal colombiano, los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos, o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran prescindibles. En ese patrón se incluyen discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de limpieza social, sólo comparable con la practicada por los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Se puede afirmar, sin retórica alguna y ante las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno de Uribe ha hecho del crimen de Estado su política de Estado.
La impunidad es una característica común de estos crímenes, en los que sus perpetradores no son investigados, ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría, y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, mientras los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estas graves transgresiones y, principalmente, la responsabilidad del Estado colombiano.
Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía el 6 de marzo, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.
La Comisión Ética se sumó a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que, dado el estatus e influencia de los investigados en los lugares donde ocurrieron los hechos, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.
También la comisión destaca una militarización amplia, visible y evidente en los departamentos, que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimentos a la libre movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, cuarteles e instalaciones militares dentro de localidades, reclutamiento forzado y expedito (una leva en todo el sentido del término), prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), la continuidad y reconversión del paramilitarismo, todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al derecho internacional humanitario. Esta es la realidad dantesca de Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se ufana en presentar como modelo a seguir, y que las ultraderechas pretenden imponer a cualquier precio en el resto de América Latina, con la ayuda de sus mentores estadunidenses.
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